Coyunturas políticas

La Fiscalía sigue militarizada

Adiós a las vallas

Organizaciones de derechos humanos como el Centro Minerva Bello de familiares de desaparecidos, el comité estudiantil de Ayotzinapa y familiares de las víctimas de la guerra sucia se manifestaron en la víspera en contra de que el relevo en la Fiscalía General del Estado fuera otro militar, tras el cese de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos Salmerón el 15 de febrero por omisiones en la indagación del deceso un normalista en un incidente en retén policial, pero nadie les hizo caso. Ni los diputados locales ni la Ejecutiva estatal, ya que llegó al cargo el coronel de Justicia Militar del Ejército, Zipacná Jesús Torres Ojeda, aunque mejor dicho fue ratificado porque ya era encargado de despacho desde el día de la remoción.

En la sesión del miércoles 3 del Congreso local, el exfiscal de Investigación de esa misma FGE fue elegido casi por unanimidad, al obtener 43 votos de un total de 46.

El director de Administración y Finanzas del Tribunal Superior de Justicia y exfuncionario en la administración del senador Félix Salgado Macedonio como alcalde de Acapulco, Antonio Sebastián Ortuño, sólo obtuvo un voto, mientras que el fiscal especializado en Delitos Electorales Miguel Alejandro Guizado Jaimes no obtuvo ninguno.

Valdovinos Salmerón fue despedida por la muerte de normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, incidente que también causó la renuncia del secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera.

Torres Ojeda, quien actualmente está retirado del Ejército, estará al frente de la Fiscalía por un periodo de seis años. Es originario de Acapulco y se había desempeñado como vicefiscal de Investigación de la FGE a la que llegó con Valdovinos Salmerón.

Ni modo. Las organizaciones sociales que aborrecen al Ejército por supuestos agravios históricos quedaron con las ganas de que la Fiscalía no fuera ocupada por personal procedente de la milicia. Pero se trata de una estrategia del gobierno federal porque no confía en los policías civiles. Como provienen de anteriores gobiernos, también son corruptos.

PASANDO A UN TEMA DISTANTE, la madrugada del miércoles transcurrido fueron retiradas en su totalidad las vallas metálicas que durante casi un mes resguardaron el Palacio de Gobierno, las que se colocaron para impedir que estudiantes de la Normal de Ayotzinapa causaran destrozos en este lugar luego del deceso de uno de sus compañeros el 7 de marzo; es decir, de Yanqui Khotan. Tras el incidente los estudiantes quemaron dos patrullas de la Policía Estatal y durante varios días, siguieron con protestas violentas.

Como medida de prevención el gobierno estatal colocó las vallas metálicas de tres metros de altura, parapeto que se conoce en la Ciudad de México como Muralla Chaira porque las ha utilizado el gobierno de López Obrador para contener manifestaciones de mujeres para que no lleguen a donde despacha. Además de esa muralla, quitaron alcantarillas para que los huecos de la calle sirvieran como fosas que contuvieran el paso de vehículos e instalaron bloques de concreto de 10 metros de las que se usan para dividir autopistas. Las oficinas de Registro Civil también fueron cercadas y de igual manera, fue retirado el resguardo ese mismo miércoles.